Que la familia, año tras año, obtenga de forma permanente las posiciones más altas en las encuestas sobre valoración social de nuestras instituciones no es algo que sorprenda. Lo sorprendente sería lo contrario. Sobre todo ahora, cuando tan decisiva resulta en la protección social de buena parte de la población acosada por la pérdida de empleo, por la insuficiencia de sus recursos económicos o por la dificultad con que ordinariamente se impone la conciliación de la vida laboral con el cuidado de los hijos. En circunstancias como éstas no extraña que individuos, asociaciones y poderes públicos coincidan en la alta valoración de su función social, como estructura básica para el sostenimiento de la vida personal en todas sus dimensiones, cognitivas, afectivas, materiales, etc. (al respecto vale la pena atender a los datos que se acaban de hacer públicos a partir de un estudio del Instituto de Política Familiar: “La mayoría de los españoles se aferra a la familia ante el paro y la crisis”).
