El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y la consejera de Familia e Igualdad, Milagros Marcos, firmaron en Burgos un protocolo de actuación en materia de protección de las personas en situación de ejecución hipotecaria, que permita conocer la situación real de las familias antes de perder su vivienda. En este sentido, el objetivo fundamental del acuerdo es «establecer una garantía más en estos casos con un nuevo interlocutor», explicó la consejera, que favorecerá que los magistrados dispongan en el plazo de 10 días de un informe detallado de la situación de la persona o familia en riesgo.
