Karina tiene un hijo de seis años. Hace tres inició el proceso de divorcio y al denunciar a su expareja porque no le daba dinero para los gastos del niño empezó a ser acosada por él, que acudía a casa amenazándola. Su abogado le dijo que esta actitud era normal. “Es un hombre y nosotros nos molestamos en esas situaciones, perdónalo”. Karina solicitó otras opiniones, y pronto una abogada le aseguró que tenía derecho a una orden de restricción. Durante un proceso judicial no exento de problemas y que duró dos años, la segunda defensora renunció por amenazas de muerte.
